El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 contiene una modificación sustancial del tratamiento fiscal del seguro que, de aprobarse, afectará negativamente a las familias y empresas españolas. También impactará, indirectamente, sobre el sector asegurador, que representa un 5% del PIB y da empleo directo a más de 50.000 trabajadores y con el que colaboran más de 565.000 profesionales, según informa la Asociación Empresarial del Seguro, UNESPA.
El texto legal prevé la subida de un 6% al 8% del tipo de gravamen del Impuesto sobre las Primas de Seguro, así que la medida afecta significativamente a familias y empresas al tratarse de un recargo externo a la prima de seguro.
El 95% de las familias españolas tiene alguna póliza contratada. Las más comunes son las de automóvil (79%), hogar (74%) y decesos (45%), según la Encuesta de Presupuestos Familiares. De la misma manera, cualquier empresa tiene contratados diversos seguros para el desarrollo de su actividad económica, desde los seguros de responsabilidad civil a los de robo o daños en sus instalaciones productivas.
Además, hay que tener en cuenta que el Impuesto de Primas de Seguro es regresivo desde un punto de vista social. Perjudica a las personas y a las empresas que, a través del seguro y con un criterio de responsabilidad, aseguran su vida diaria, su patrimonio y sus actividades empresariales y profesionales frente a los posibles daños que puedan causar a terceros.
El impacto de esta medida se ha valorado por el Gobierno en unos 455 millones de euros, lo que supone un incremento de casi el 25% en la recaudación de este tributo. Para UNESPA se trata de una medida desproporcionada y carente de justificación. El encarecimiento de la fiscalidad del seguro puede derivar en una disminución de las protecciones que contratan familias y empresas y, por consiguiente, en una mayor exposición al riesgo por parte del conjunto de la sociedad y la economía del país.
A la subida del Impuesto sobre las Primas de Seguro hay que añadir la rebaja de los límites de aportación a los sistemas de previsión individuales de 8.000 a 2.000 euros. Esta modificación afectará negativamente a los más de 7,5 millones de partícipes en planes de pensiones y a casi 1 millón de asegurados en planes de previsión asegurados (PPA).
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